Durante mucho tiempo, la administración vial española ha realizado inversiones viales y firmado contratos de obras púbicas bajo la fórmula de participaciones público-privadas (PPP).

Si aceptamos que el papel de la administración vial en la política de infraestructuras es asegurar su realización para responder a las necesidades públicas, poco importa como se consigue siempre que sea en condiciones óptimas de coste, de funcionalidad, de eficacia y de seguridad. 

Este artículo analiza las ventajas y limitaciones de los contratos de PPP.